Aunque el objetivo de la ley es positivo al pretender aliviar la frágil situación de las finanzas públicas, lo está haciendo a costa de la rentabilidad y competitividad de muchas empresas, incluyendo las de tecnología.
Si antes las pymes, solo contrataban contador de manera ocasional, hoy requieren permanentemente de sus servicios a fin de cumplir mes a mes con el trámite en tiempo y forma.
Esto se traduce en un mínimo de tres horas de trabajo, lo cual, según el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, significa una erogación mensual de unos ¢72.500 (la hora profesional está fijada en ¢24.163).
Otro punto a tomar en cuenta es que quien asume el pago de IVA es el cliente y el proveedor solo se limita a recaudar, generando un incremento considerable en el precio de los servicios.
Veamos el impacto del IVA en la industria tecnológica, reflejado en un caso hipotético. Supongamos que usted tiene una pequeña empresa de software dedicada a la venta de licencias dentro y fuera del país.
Aunque para las exportaciones no percibirá ningún cambio –el impuesto es territorial y por tanto no aplica para consumos en el exterior-, en lo referente a las ventas locales, estas sí están sujetas al IVA, en su tope máximo de 13%.
En términos prácticos, esto quiere decir que, si antes del 1 julio, usted vendía una licencia a 200 dólares, después de esa fecha debe sumarle los 26 dólares de impuesto, para un total de 226 dólares (más de ¢15.000 de diferencia con respecto al precio original)
Frente a este panorama, el proveedor se enfrenta a dos escenarios igualmente complicados. Uno es absorber el costo del IVA y el otro es bajar la tarifa del servicio de manera que el cliente siga pagando lo mismo o se le traslade una parte del impuesto.
En ambos casos, estaría sacrificando rentabilidad y competitividad a cambio de no afectar la capacidad de consumo del cliente.